Menos de 24 horas tomó para la detención del extitular del Ministerio de Inclusión Económica y Social en su vivienda en la provincia de Guayas y la realización de la audiencia de formulación de cargos.
Entre los elementos de convicción presentados constan: el reporte de operaciones inusuales e injustificados de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, durante el período 2010-2016, el informe con Indicios de Responsabilidad Penal remitido por la Contraloría General del Estado para el ciclo 2012-2016 y las declaraciones al Servicio de Rentas Internas entre 2010 y 2016.
De acuerdo con las pruebas presentadas, hay evidencias de situaciones inusuales en las actividades financieras del exministro en 2013 y 2014, tras adquirir una vivienda, valorada en 335 mil dólares, en una urbanización privada.
Una parte del pago del inmueble se canceló mediante un préstamo hipotecario del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el resto a través de pagos en efectivo, efectuados por Walter Andrade, quien también es investigado por el mismo delito, a través de una empresa de construcciones.
Espinel tampoco presentó documentos de respaldo de sus cuentas de ahorro y corriente, valoradas en 63 mil dólares, según identificó la Fiscalía, a partir de los reportes de Contraloría.
A esa situación se suman pagos y consumos inusuales en las tarjetas de crédito del acusado y su esposa, y la no justificación en sus declaraciones juramentadas sobre la compra de un vehículo de lujo valorado en 36 mil dólares.
Transcurrida esa parte de la diligencia, la jueza Paola Dávila acogió los pedidos de Fiscalía y dictó las respectivas medidas cautelares, para Espinel y Andrade.
Ante los acontecimientos, el Fiscal General del Estado, Carlos Baca, sostuvo que seguirá el caso de cerca y reafirmó el compromiso de la institución de luchar firmemente contra la corrupción, y por evitar que ese tipo de actos queden en la impunidad.
El lavado de activos puede ser sancionado con penas de hasta 13 años de privación de libertad, de acuerdo a los dispuesto por el Código Orgánico Integral Penal.
El delito del cual se le acusa, fue cometido durante el tiempo en que fungió como directivo en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
Siete meses permaneció en el puesto de ministro de inclusión, tras ser designado por el presidente de la república, Lenín Moreno, después de su juramentación en mayo de 2017, luego de vencer en elecciones, en cuya primera vuelta Espinel resultó uno de sus contrincantes.
En diciembre pasado, el extitular dimitió, con el argumento de que se hacía a un lado para impulsar la campaña por el SI en la consulta popular y referendo, promovidos por el mandatario, y realizados el 4 de febrero último.
Su detención se suma a una serie de escándalos en los cuales han estado vinculados altos funcionarios del actual gobierno, como el propio fiscal general, quien está sometido a juicio político en estos momentos, y el expresidente de la Asamblea Nacional, José Serrano destituido luego de la divulgación de un audio en el que planea separar del cargo a Baca.
Mientras, en la población, Prensa Latina encontró criterios disímiles.
Algunos consideran que existe persecución contra directivos que guardaron algún vínculo con el ex presidente Rafael Correa, quien mantiene un diferendo con su sucesor.
Para otros, todos los casos de irregularidades, corrupción y mal funcionamiento detectados recientemente, responden al trabajo de investigación y transparencia que realiza el actual ejecutivo.
También hay algunos que manifiestan incertidumbre y no saber ‘en quien confiar ya’.
La situación política actual se suma a cierta inseguridad desatada en la zona limítrofe entre Ecuador y Colombia, donde al menos ocho hechos violentos, entre ellos una explosión que derivó en cuatro muertos y una decena de heridos, mantienen en estado de excepción a dos cantones de la provincia Esmeraldas.